Los derechos fundamentales constituyen un elemento fundamental de la libertad de empresa en una economía social de mercado. Empero, y visto como asumen algunos ambos conceptos, podríamos pensar que la afirmación es contradictoria. Pero no lo es. La relación entre los derechos y el sistema económico dominicanos es indisoluble y beneficiosa tanto para la vida económica como para la democracia.

La importancia de esta relación se encuentra en la configuración constitucional del derecho a la libertad de empresa (art. 50), del derecho a la propiedad (art. 51) y de la iniciativa privada (arts. 218 y 219).

Dichos artículos establecen un equilibrio entre el libre mercado y los derechos, conformando, como bien señala Eduardo Jorge Prats, una economía social de mercado.

En el caso dominicano esto implica que, en lugar de ser valores antagónicos, los derechos sociales y los derechos de participación en el mercado crean sinergia mutuamente positiva.

Es precisamente por esto que las amenazas que se ciernen sobre los derechos fundamentales son, a la corta o a la larga, un peligro también para la libertad de empresa.
Cuando en una sociedad los derechos empiezan a devaluarse, inevitablemente se corroe el sistema que hace posible el libre intercambio de bienes y servicios.

Cada paso que acerca a la arbitrariedad o al desconocimiento de las facultades jurídicas de los ciudadanos, aleja no sólo de la justicia social, sino también del Estado de derecho necesario para el desarrollo exitoso de la iniciativa privada.

Afortunadamente, las herramientas que garantizan unos sirven también para garantizarlos todos. Esta interdependencia jurídica y funcional queda demostrada con ejemplos concretos.

La misma libertad de tránsito que impide a una empresa obstruir el paso a la carretera a los habitantes de un pueblo, protege la libertad de empresa en el transporte de carga.

La misma libertad de expresión que protege la crítica social ampara el derecho a la publicidad. Los ejemplos son inagotables.

Defender derechos fundamentales es compatible con la defensa de la iniciativa privada en la economía social de mercado. El equilibrio buscado por el constituyente permite que estas defensas no sea contradictorias, sino complementarias.