Hay organismos del Estado facultados por ley para retirar de los negocios productos de consumo humano que no cumplen con las normas de etiquetado.

Hacen, bajo el amparo de sus responsabilidades, operativos en importantes negocios de abarrotes y retiran cantidades impresionantes de artículos, enlatados y embutidos vencidos, mercancías golpeadas, en inocultable mal estado, cuyos envases están oxidados o carecen de etiquetas.

Informan incluso de la cantidad de productos retirados. Aún más, alertan a los consumidores a verificar las fechas de vigencia para el consumo de los artículos; y, sobre todo, piden que se conviertan en agentes de denuncia, si encuentran anomalías en ellos.

En cambio, no citan un nombre de los negocios requisados. No se hace mención de ninguna empresa de venta de provisiones donde se hacen labores de peritaje y proceden a retirar los artículos que no cumplen con las normas. Esa parte no se trata. Los nombres no trascienden; y si se pregunta no hay respuesta convincente.

El trabajo que se asume de esa forma, de manera acomodaticia o incompleto, ¿no se convierte en una labor de protección parcial, y en cierta forma inútil, que atenta contra la calidad alimentaria?No se estaría cayendo, actuando bajo estas prácticas de encubrimiento, más en beneficio de los que delinquen que en el propio bienestar de los consumidores?

¿Cuál es, en verdad, la eficacia de estos organismos del Estado, si todo el proceso se reduce a lo formal, y como siempre, a un llamado institucional para que los consumidores se conviertan en agentes de denuncia.

Los consumidores, ante la ausencia de un régimen de consecuencias, tienen que convertirse en defensores de sus derechos, que en su inmensa mayoría, siempre son vulnerados.