En reciente rueda de prensa internacional para denunciar acontecimientos trágicos originados por la crisis que deterioran la gobernabilidad y la gobernanza en Venezuela, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani afirmó lo siguiente:

«Hemos recibido informes creíbles de trato cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura»; y a renglón seguido, tras explicar que ante ciertos impedimentos oficiales para enviar delegados a Venezuela, el Comisionado tuvo que enviarlos a Panamá para hacer el trabajo de observación y verificación a distancia, agregó:

«Las entrevistas realizadas sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva y detenciones  arbitrarias contra los manifestantes». También informa lo siguiente:

«Las conclusiones del equipo indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación a las protestas».

La portavoz afirmó que la Guardia Nacional y la Policía bolivarianas, así como los cuerpos de policía locales «emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran».

Como colofón de su intervención para los medios internacionales, Ravina Shamdasani citó un saldo trágico de 124 muertes en las protestas durante la crisis venezolana. De esas 124 víctimas la Oficina del Comisionado, es decir, de la propia Ravina Shamdasani cita que «las fuerzas de seguridad son supuestas responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que a los grupos armados pro-gubernamentales, denominados ‘colectivos armados’ la Oficina los presume responsables de otras 27 muertes».

La suma de 46 y 27 da por resultado el total de 73 muertes, lo que representa alrededor de 68 por ciento de las muertes; esto es, poquito más de las dos terceras partes de las víctimas causadas por las fuerzas oficialistas y progubernamentales, lo cual es sumamente grave.

Ahora bien. En ninguna parte de su declaración la señora Shamdasani menciona ni siquiera por acto de reflejo los caídos en respuesta para que los reclamantes oposicionistas respeten el orden institucional vigente y esperen la celebración de los comicios presidenciales de 2018 para participar y ganar la presidencia del país suramericano, que es como procedería.

¿O será que acaso para la Oficina del Alto Comisionado y la señora Shamdasani, carecen de importancia humana los 47 venezolanos y venezolanas de la parte oficialista, que también como sujetos de derechos humanos, han caído por efectos de las virulentas protestas que promueven sectores económico-empresariales a través de fuerzas políticas internas con el apoyo de gobiernos extranjeros hostiles.

¿O es que otra vez se repite la historia de las parcializaciones y sesgos con que ciertos organismos internacionales, como la propia ONU y sus órganos apéndice, asumen la misión  de «equilibrar» la solución de conflictos internos e internacionales, halando la cuerda a favor del que tradicionalmente ha trazado la pauta en la región?