Santo Domingo.-Los defensores públicos atienden el 82% de todos los casos penales del país.

Eso indica que, sin su intervención, el sistema de administración de justicia penal de la República Dominicana estaría colapsado, porque la Ley establece que los tribunales no pueden conocer ningún caso sin asistencia técnica.

Laura Hernández Román, directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, informó que de los 34,000 procesos penales asistidos en todo el país hasta septiembre del año pasado, sus miembros atendieron 27,000.

Pero en la fase de ejecución, los defensores públicos llevan hasta el 99% de ellos, porque después de la condena, la mayoría de los abogados privados dejan sólo a sus representados.

Casos mas sonados

Los defensores públicos son requeridos por la mayoría de las personas que tienen procesos penales, incluso los que tienen dinero para pagar un abogado privado.

Por sus manos pasan casos muy sonados y los del día a día, como el del atentado a Yordi Veras, el fraude contra Impuestos Internos y el caso Paya.

“Hasta los fiscales y los jueces buscan la defensoría pública cuando tienen un familiar envuelto en un proceso penal”, aseveró la abogada.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Defensa Pública no cuenta con la cantidad de recursos necesarios para atender la demanda.

Carencia de personal

La entidad apenas tiene 450 empleados y entre el 25 y el 30% de ellos son asistentes.

De ese total, 134 son defensores de carrera, más algunos abogados de oficio que trabajan a tiempo parcial y otros 40 son adcritos.
No obstante, para operar eficientemente requieren una matrícula de por lo menos 500 profesionales de carrera.

Exceso de trabajo

Por esa razón, los defensores públicos no dan a abasto y caminan con una gran carga de trabajo.

En promedio cada abogado lleva entre 350 y 450 casos por año, pero hay algunos que tienen hasta 700, cuando el parámetro aceptable es de no más de 200, dijo Laura Hernández.

“Nos desborda la realidad. Por eso estamos en una lucha para que se nos asigne un mayor presupuesto y poder agregar los profesionales que nos faltan”, indicó la doctora en Derecho, al participar en Los Coloquios de El DÍA.

¿Cual es su función?

La Oficina Nacional de Defensa Pública es un órgano institucional desde el año 2010, que nació en el seno del Poder Judicial y permaneció allí por cinco años. Pero ahora es totalmente independiente.

Esa entidad es la encargada de defender a toda persona que por cualquier razón no tenga un abogado y pudiera verse sometida a un proceso penal.

“Somos el equilibrio del peso y el contrapeso. Nuestra misión es tutelar los derechos humanos de los imputados en cualquier caso”, explicó Laura Hernández Román, quién además es coordinadora para el Caribe de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).

Los defensores públicos son la evolución del “abogado de oficio”, que en el modelo anterior solía llegar tarde a los procesos, según explicaba Hernández Román.

“Antes una persona venía de la parte policial sin abogado, pasaba el proceso de Instrucción sin asistencia y cuando llegaba a un tribunal o a un juzgado era que le mandaban el abogado de oficio, llegaba tarde”, explicó Román.

No obstante, destacó que el defensor público está en el proceso desde el inicio y más allá de la condena, porque continúan atendiendo los requerimientos de las personas recluidas en las distintas cárceles.
“La mayor queja contra nosotros es que somos muy buenos”, dijo.