La multa básica, la más pequeña que contempla la nueva ley de tránsito a un conductor, un pasajero o un peatón por una infracción, es de 5 mil 117 pesos, el equivalente a un salario mínimo del sector público centralizado.

La más alta asciende a RD$511,700 (500 once mil 700 pesos), equivalente a cien salarios mínimos (art. 304 de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana).

Bastante drástica la nueva ley, que contempla su aplicación en calles, carreteras y caminos. Pero han debido de observar el cuerpo social al que se pretendía corregir, en el cual uno de los recursos de transporte más común es la motocicleta —en comunidades urbanas y rurales— para el traslado de estudiantes, maestros y pasajeros muchas veces en cantidades y condiciones que chocan con las normas.

Un día caeremos en la cuenta de que la Ley 63-17 es violada todos los días, en todas partes, inclusive con la anuencia de quienes deben hacer que sea acatada.

Y nadie se dará por enterado ni habrá quien se dé cuenta que así fue como se pusieron de acuerdo autoridades permisivas y usuarios de las vías públicas refractarios al orden para volver inoperante a la hoy derogada Ley 241 de Tránsito de Vehículos.

En el capítulo sobre La incertidumbre y la conducta de los consumidores, del libro “Microeconomía”, nos encontramos con una nota más propia de un manual de sociología, del derecho penitenciario o de adoctrinamiento del personal de una oficina recaudadora o de la autoridad del tránsito.

Veamos: “Las multas pueden ser mejores que la cárcel para impedir que se cometan ciertos tipos de delitos, como el exceso de velocidad , el aparcamiento en doble fila, la evasión fiscal y la contaminación del aire”, dicen Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld, en la obra referida, pág. 183.

Y también dicen: “… cuanto más alta sea la multa, más disuadirá a un posible delincuente de cometer el delito”.

Tomadas según las letras, estas afirmaciones pueden resultar atractivas para un cuerpo de orden público y de legisladores como los nuestros, poco dados a realizar estudios de particularidades culturales de la población antes de acoger proyectos propios de sociedades con un nivel de conciencia que les permite entender la importancia de ceder libertad por seguridad, o de Estados con un poder altamente centralizado y una operatividad autoritaria.

Otro detalle que a El escribidor le parece determinante para que una población prefiera cumplir la ley a desafiarla, tiene que ver con el nivel de la educación, tanto hogareña como formal, y en esta última, su calidad.

Todo esto a corolario de La ley y el desacato, un artículo publicado la semana pasada en la página de opinión de EL DÍA en el que se deja ver la duda sobre la autoridad moral de quienes deben hacer cumplir las leyes entre nosotros.