La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, órgano que actúa con evidente prejuicio contra República Dominicana, echa leña al fuego en el candente tema de la desbordada inmigración haitiana.

Pareciera que su intención sería recrear una crisis sobre un tema que ya el país superó jurídicamente.

Plantear, en estos momentos, que se deje sin efecto la ley 169-14 que concede un régimen especial para adquirir la nacionalidad dominicana mediante la naturalización, no tiene sentido más allá que no sea el de provocar.

Los integrantes de ese organismo se han colocado en un extremo a la hora de abordar ese tema que solo afecta a la República Dominicana (porque a Haití y otros países que abominan de la migración haitiana se benefician del fenómeno).

En el otro extremo tenemos a un grupo de personas que en nombre de la supuesta defensa de la nación generan un clima de resabio que en nada ayuda a solucionar el problema.

Su forma de actuar y su discurso pone a la persona inmigrante como “culpable” de la situación.

Embestir con terminologías destempladas, ofensivas y agresivas a quienes plantean el respeto a la dignidad humana del inmigrante le da elementos para que sus adversarios les atribuyan hacer uso de un discurso de odio y de xenofobia.

El pueblo dominicano no es racista ni xenófobo. Nunca lo ha sido. Pero hay grupos que dan elementos para que otros nos presenten como tales.

Pero no olvidemos el origen de todo esto: la ineficacia o irresponsabilidad del Gobierno de actuar y mostrar resultados en el descontrol de la desbordada inmigración haitiana, que tiene un costo económico y social que el pueblo dominicano no está en capacidad de soportar.