De un tiempo a esta parte vemos con gran preocupación cómo en instituciones del Estado hay autoridades reguladoras que tienen que hacer que se aplique la ley y solo se limitan a emitir comunicados.

 Nunca actúan de manera eficaz y sin demora a favor de los sectores afectados.

Son autoridades, funcionarios y directores de instituciones designados en diferentes áreas que, tan pronto se produce un aumento de precio de algún producto de primera necesidad, o se aumentan los pasajes, tanto urbanos como para el interior del país, se desvinculan del hecho; y argumentan que “no han autorizado aumento alguno” y añaden que consideran “inaceptable e ilegal” el alza dispuesta.

La autoridad que les confiere la ley la reducen a un ejercicio de comunicados, de opinión y de simples relaciones públicas.

Se limitan a enviar un comunicado, a hacer desmentidos, a ofrecer declaraciones o, sencillamente, a esperar.

En tanto, los artículos de primera necesidad siguen con sus precios.

El pasaje se mantiene con el alza “inaceptable e ilegal” y los usuarios tienen que pagar las alzas ilegales, porque necesitan el servicio.

Otra actitud de las autoridades reguladoras es traspasar la solución de un problema a otra institución, a otra instancia.

Nunca coordinan o discuten la solución del asunto. Solo transfieren el malestar, para que en el trayecto se diluya la intensidad de los reclamos.

Se trata de una cultura preocupante, que debe llamar al Gobierno a la reflexión para poner, a tiempo, los correctivos de lugar.