Santo Domingo.- La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) suscribió la denuncias de dos organizaciones empresariales sobre las mafias de abogados que impulsan demandas fraudulentas contra empresas a partir de “la compra de casos” de tipo laboral.

El presidente de la entidad, Joel Santos, manifestó que esas células mafiosas no sólo abarcan el sector de la construcción, pues se han registrado casos de embargos en hoteles llenos de turistas, en empresas industriales y comerciales asentadas en Santiago y otros puntos del país.

Tras apoyar la voz de alerta lanzada por la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) y la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon), Santos sostuvo que esas prácticas generan perjuicios al sector productivo y afectan la imagen del país en el plano internacional.

Apuntó que esas aberraciones plantean la urgencia de una reforma al Código Laboral para convertirlo en una herramienta de fomento del empleo formal, la seguridad jurídica, la formalidad, la competitividad y el desarrollo del sector productivo.

“Dentro de la readecuación del Código de Trabajo se contempla actualizar los aspectos procedimentales previstos en la actualidad con el objetivo de evitar las indelicadezas que, como las citadas, permite nuestro marco jurídico laboral en la actualidad”, subrayó.

Definió como simbólico el caso publicado en el fin de semana por la prensa del ingeniero Ramses Sánchez Alma, dueño de una empresa constructora,  quien ha recibido unas 30 demandas laborales en menos de tres años, 14 de de las cuales le llegaron un mismo día, de parte de un mismo abogado.

Indicó que mediante la compra de casos, los denominados abogados explotan los trabajadores privándolos de sus derechos, desconocen las normas jurídicas elementales, el espíritu justo del legislador, ejecutan embargos a empresas de diversa índole, escudándose en sentencias de primera instancia, sin la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

A su juicio, esto constituye en una gran debilidad en el ordenamiento jurídico que afecta negativamente el clima de negocios en un país que compite por la atracción de  capital e inversión extranjera en los mercados internacionales.

“En el pasado logramos consensuar el actual Código de Trabajo y la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. ¿Por qué no repetir logros como estos? No hacerlo implicaría mantener para beneficio de muy pocos situaciones que debemos superar”, subrayó.