La República Dominicana se ha dotado de una serie de herramientas jurídicas que le permiten poner un punto a la era del desorden migratorio.

La mano de obra extranjera no calificada que requiere el país hace años que fue desbordada. La llegada de más extranjeros con esas características se convierte en más mendigos en las calles, vendedores ambulantes o personas ociosas.

A los dominicanos en esas condiciones el Estado tiene el deber de atenderlos, más no tiene la obligación ni la capacidad de acoger a los extranjeros en situación similar, pues eso es responsabilidad de sus Estados. Además, la cuota de solidaridad que podemos aportar también la hemos sobrepasado.

En otras palabras, hace años que la República Dominicana no necesita migrantes no calificados.

Los instrumentos jurídicos que ahora nos hemos dado permiten primero ordenar la casa, regularizar los extranjeros que nuestro aparato productivo ha asimilado y aprovechado y a aquellos que por descuido del Estado dominicano cayeron en situación de vulnerabilidad jurídica.

La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional puso punto final a las indefiniciones jurídicas del pasado, mientras que la ley 169-14 permitió darles respuesta humanitaria a los inevitables afectados por el ordenamiento migratorio, desatendidos durante decenas de años.

Se requiere un verdadero plan para dominicanizar la frontera, implementando planes de desarrollo que hagan atractivo para los nacionales el vivir en esas zonas; proteger nuestra frontera con el mayor celo posible, poner reglas del juego claras para el comercio transfronterizo y ejecutar con rigurosidad las leyes migratorias para que en el país sólo permanezcan los extranjeros autorizados para hacerlo.

La administración del presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de “hacer lo que nunca se ha hecho”, pero si se queda a medias lo único que se lograría sería “empeorar lo que está mal”.