El año 2018 se inicia con gran optimismo económico, al menos en el ámbito de la administración que encabeza el presidente Danilo Medina y de organismos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), pero signado del pesimismo existencial ante la debilidad institucional que ha caracterizado la sociedad dominicana.

Ninguna nación podrá avanzar significativamente en lo económico, político, social y cultural, si la agenda institucional se mantiene rezagada, no siendo la República Dominicana la excepción; ya que se convierte en una traba insalvable.

Un buen ejemplo lo constituye la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que parece estar en una especie de limbo, a pesar de su relevancia para que el país se encamine de manera definitiva a un estadio superior a la media de América Latina.

Otros ejemplos sobran en la sociedad dominicana, tal la persistencia de “cofrecitos” y “barrilitos” en el Poder Legislativo para el financiamiento de actividades clientelistas de senadores y diputados en toda la geografía nacional, la facilidad para eludir sanciones ejemplares en casos de corrupción y del crimen organizado, la evasión fiscal, así como los constantes choques institucionales.

De hecho, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), al evaluar el desempeño del Poder Judicial durante el año pasado, consideró que el sistema de justicia no mostró la eficiencia que la ciudadanía esperaba para enfrentar la corrupción, el tráfico de influencias o el crimen organizado transnacional; concluyendo que no cambió en lo sustancial la percepción en este poder del Estado.

Afortunadamente, en el caso de la sociedad dominicana, no se ha llegado a la anomia social, que es cuando las reglas sociales se han degradado o directamente se han eliminado y no son respetadas por integrantes de una determinada comunidad.

Sin embargo, los principales actores sociales y políticos deben pactar las cuestiones fundamentales del país, siguiendo ejemplos exitosos en Latinoamérica, como se hizo en Chile a la salida del poder del dictador Augusto Pinochet.

Actualmente se impone caminar hacia una especie de contrato social o, al menos pensar en esa idea. En este contexto, cabe referir y quizás releer “Du Contrat Social”, el título original de la obra del francés Jean Jacques Rosseau, publicada en 1762; en vista de que ha significado un extraordinario aporte para la teoría política en el mundo.

En esencia, la obra plantea que para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza.

Esto significa que los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social, en un escenario en el cual el Estado constituye la estructura fundamental para liderar el cumplimiento del mismo.

Una cuestión a destacar radica en que concurre una especie de ecuación en cuyos resultados, en la medida en que se recibe una mayor cantidad de derechos, en esa misma proporción los individuos incrementan el radio de acción de los deberes asumidos.

Ahora que comienza el año 2018, sería conveniente que los actores sociales asumieran un contrato social con la institucionalidad en la República Dominicana.