Viernes, 21 de septiembre, 2018 | 11:27 am

Contratistas piden al Gobierno ejecute plan de pago deudas de obras terminadas

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Santo Domingo.- El presidente de la Asociación Dominicana de Contratistas de Obras Estatales demandó del gobierno elaborar un plan general de pago de deudas a los constructores cuyos proyectos han sido inaugurados y no limitarse solamente al programa de edificaciones escolares.

Al mismo tiempo, el ingeniero Miguel Liberato sugirió que el Congreso Nacional se aboque de manera urgente a una modificación de la ley 340-06, para que se prohíba a los gobiernos inaugurar obras sin haber pagado las cubicaciones.

Tras lamentar el suicidio del arquitecto David Rodríguez en la sede de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obrasn del Estado (Oisoe), Liberato demandó de las autoridades profundizar las investigaciones sobre las “mafias” que se han denunciado en las instituciones ligadas a la construcción.

El presidente de Adocoe sostiene que los grandes males que se han denunciado tienen su origen en la falta de aplicación de justicia a los funcionarios corruptos y al miedo de los contratistas que se abstienen de denunciar las extorsiones y abuso de poder.

“Además de los constructores de obras escolares, hay centenares de contratistas que tienen deudas por cobrar y cuyas obras fueron entregadas a la explotación sin que el gobierno haya pagado los trabajos ejecutados”, resaltó.

Liberato dijo que en varias ocasiones ha dirigido peticiones para que se paguen más de 300 millones de pesos que se les adeudas a contratistas que participaron en la construcción de varios centros regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) durante la gestión de Leonel Fernández.

“Se está creando un precedente peligroso que podría afectar el plan de construcciones de obras estatales, ya que con frecuencia vemos que los funcionarios presionan a los contratistas para que terminen sus obras a base de promesas de pago que luego no cumplen”, añadió el presidente de Adocoe.

Finalmente manifestó que los gobiernos no deben propiciar la quiebra delos  profesionales que son contratados para construir obras de infraestructura nacional.

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