Nunca como en este tiempo, cuando transitamos la segunda década del presente siglo, la sociedad dominicana se interesa por darle seguimiento, incluso a través de las redes sociales, a la gestión pública y el manejo de los recursos del Estado.

De igual forma, son muchas las instituciones del Estado que cuentan con oficinas de Acceso a la Información, dándoles garantías a la sociedad dominicana, a profesionales de la comunicación o cualquier ciudadano interesado, que recibirá información en línea sobre el funcionamiento, en todas las áreas, de la institución.

Eso incluye la disponibilidad de datos de nómina pública.

El objetivo es único y fundamental. Poner en manos informaciones que podrán constatar la pulcritud con que se maneja el orden administrativo de las distintas dependencias públicas. Eso incluye el rubro de compras y contrataciones de servicios. Indudablemente que eso fortalece, en distintos órdenes, el estado democrático de derecho del país.

Independientemente de tantos mecanismos para la transparencia, no avanzamos. Y no avanzamos porque, concomitantemente a tantos mecanismos, avanza otro mal al que muy pocos funcionarios quieren poner atención.

Ese flagelo se llama connivencia. O sea, se trata del disimulo o tolerancia extrema de un director, ministro o superior inmediato en torno a las transgresiones que cometen sus subordinados contra las reglas o las leyes bajo las cuales trabajan.

De esa forma ya tenemos un tejido de connivencia que atrapa a importantes instituciones del Estado, pero que no cesa con la cancelación de un incumbente, porque este pasa a ocupar otro cargo de importancia en otra dependencia del Estado y se traslada con su anillo de seguridad.

Un anillo que convive y prohíja los niveles de la connivencia y hasta el emplazamiento de familiares muy cercanos en sus áreas de trabajo. Una preferencia que se conoce como nepotismo. Se trata de dos grandes males que hay que combatir con verdadera voluntad en el Estado.