BRASILIA, Brasil (AP) — La Cámara de Diputados de Brasil comenzó el viernes el debate sobre si se debe llevar a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, un tema que enfatiza en la la fuerte división en el país más grande y la economía más poderosa de Latinoamérica.

La votación decisiva está programada para el domingo, cuando se definirá si debe continuar con el juicio llevándolo al Senado, en donde se llevaría a cabo el juicio político, que provocaría la suspensión inmediata de Rousseff como presidenta de Brasil.

El ambiente en la cámara baja estaba muy cargado al inicio de la sesión, cuando los opositores de Rousseff se vistieron con listones amarillos y verdes, y mostraron pancartas que decían “íDestitución ahora!”.

Los legisladores que respaldan el juicio político alegan que el gobierno de Rousseff violó normas fiscales. Dicen que el gobierno manipuló los libros contables en un intento por recabar apoyo popular. Sin embargo, muchos de quienes promueven la acusación enfrentan acusaciones graves de corrupción.    Los defensores de Rousseff insisten en que la mandataria no hizo nada ilegal y que recurrió a las mismas reglas contables utilizadas por presidentes anteriores.

Miguel Reale Junior, autor de la petición de destitución, dijo que las acciones de Rousseff provocaron directamente los males que ahora son una plaga para el país, como la elevada inflación y las devaluaciones periódicas del real brasileño ante el dólar estadounidense.

“¿Me vas a decir que eso no es un crimen?”, Junior dijo ante la plenaria y agregó que el juicio político no era “un golpe”, como insistían los partidarios del gobierno.

El Fiscal General, José Eduardo Cardozo, argumentó que los legisladores sólo deben considerar las actuales acusaciones contra Rouseff.

Advirtió que el juicio político constituiría un acto de “violencia sin precedentes” contra la democracia y el pueblo brasileño.

Rodeado de personas con pancartas que dibujaban una Constitución rota y rasgada, Cardozo insistió que todo el juicio político era un acto de venganza personal contra Rousseff de parte del Presidente de la Cámara, Eduardo Cunha.

Cardozo cree que Cunha está atacando a Rousseff por negarse a ayudarlo a evitar una investigación por supuestamente haber recibido millones en sobornos en un escándalo de corrupción en la estatal petrolera Petrobras.

“Se ha cometido violencia contra el estado democrático”, gritó Cardozo con marcados ademanes.    El drama llega cuando Brasil se enfrenta a problemas en varios frentes: se espera que la economía se contraiga casi 4% en este año, el virus del zika que causa males congénitos se ha convertido en una crisis de salud para los pobres estados del noreste y el país está a menos de cuatro meses de ser anfitrión de los Juegos Olímpicos de verano.

La sesión extraordinaria inició pocas horas después de que la Corte Suprema de Justicia negara una moción del gobierno de anular el juicio político. Cardozo ha argumentado que el proceso ha sido “contaminado” porque los legisladores estudiaban asuntos ajenos a las acusaciones, como la peor recesión del país en décadas y el escándalo de Petrobras.

Después de una sesión de siete horas, los magistrados decidieron por una votación de ocho votos contra dos, que no deben estar involucrados en esta fase del proceso.    Para que el juicio político pase al Senado, el juicio político requiere una mayoría de dos tercios de los votos de la Cámara Baja: es decir unos 342 votos de 513.

De ser aprobado, el procedimiento pasará al Senado. Si la cámara alta lo toma para analizarlo, Rousseff sería obligada a dejar el puesto hasta que la medida sea sometida a votación.