Santo Domingo.- La comisión designada por el presidente Danilo Medina para investigar el proceso de licitación y construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina entregó este lunes su informe final sobre Punta Catalina al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

A su llegada a la Procuraduría monseñor Agripino Núñez Collado dijo que esta en manos del procurador si procede o no investigar en el caso de Punta Catalina.

El informe presentado el pasado viernes determinó que el proceso de licitación de la obra se hizo conforme a las leyes nacionales y que no hubo fraude ni sobrevaluación de la obra.

Indicó que el precio las plantas está dentro de los parámetros internacionales para la con construcción de plantas de ese tipo, tanto en Estados Unidos como en Europa, incluso podría estar hasta un 6% menos que el de obras similares en la región.

No obstante, la comisión recomendó a la Procuraduría ampliar las investigaciones en torno al tema de los sobornos en el Congreso Nacional para el financiamiento de la obra cuyo costo asciende a US$2, 040 millones.

Asimismo, recomendó modificar la modificación de la ley de contrataciones públicas a fin de que se pueda declarar desierta una licitación si al final no tiene mínimo dos oferentes clasificados.

La comisión presentó un informe que recoge los resultados de dos mil 500 horas/hombre de trabajo, miles de páginas de documentos, decenas de entrevistas.

La comisión designada mediante decreto del Poder Ejecutivo en enero pasado, la integran monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social y representante de la Iglesia católica; Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, ex vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); y César Sánchez, exadministrador general de la CDEEE.

Además, el reverendo Jorge Alberto Reynoso, pastor evangélico; Pedro Brache, presidente del Consejo Económico de la Empresa Privada (Conep); José Luis Corripio Estrada, empresario; Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).