La definición de nuestro Estado como social, democrático y de derecho le impone la misión esencial de promover y proteger la realización de los ciudadanos y ciudadanas en un ambiente de libertad.

La libertad es una noción fundamental en el desarrollo humano y sólo en la medida en que las personas estén dotadas de las capacidades necesarias y cuenten con diversidad de opciones para decidir cómo usar esas capacidades estarán en condiciones de ejercer esa libertad.

La finalidad de la educación debe ser antes que todo, la creación y fortalecimiento de las capacidades inherentes al desarrollo humano, el aumento de la posibilidad de optar por parte de las personas.

La educación es un derecho fundamental, es consustancial a la libertad. Negar, postergar o menoscabar el derecho a la educación equivale a negar el derecho a la libertad. Garantizar ese derecho, protegerlo de contingencias económicas y restricciones es una obligación inseparable del pacto social, político y económico en que debe sustentarse una sociedad democrática.

Sólo si alcanzamos un sistema educativo que permita a cada persona alcanzar su máximo potencial y dar lo mejor de sí mismo podremos avanzar en la construcción de una sociedad y una cultura democrática.

Nuestros grandes déficits sociales se explican por las insuficiencias de nuestro sistema educativo; por el hecho de que la proporción de jóvenes dominicanos que ni estudian ni trabaja duplica la media latinoamericana, lo mismo que las proporciones en fracaso escolar. Y también porque el desempeño que alcanzan nuestros estudiantes de educación pre universitaria en las mediciones de calidad se encuentra entre las más bajas del continente y del mundo.

Educación gratuita, pública, incluyente y de calidad. No hay alternativa. Es ahora o no habrá nada que hablar después acerca de competitividad y desarrollo de capacidades productivas.