Muchos dominicanos descubrieron de la peor manera que el servicio de semáforos del polígono central del Distrito Nacional está técnicamente privatizado, pues está bajo el control de una empresa privada capaz de “caotizar” el tránsito como forma de cobro compulsivo.

Con la enorme cantidad de préstamos en los que incurre el país, muchos de ellos de cuestionada utilidad, resulta difícil que el Estado dominicano no tuviera disponibles los fondos para la instalación de semáforos en la capital de la República y que por tal motivo tuviera que “concesionarlos”.

Mucho se habla de seguridad jurídica, pero por encima de ese concepto está la seguridad nacional, que es lo que esa empresa ha demostrado ser capaz de vulnerar al interrumpir un servicio tan vital como es el tránsito para presionar un pago al Gobierno.

Por tanto, el Gobierno, como administrador del Estado, hoy debe estarse cuestionando seriamente sobre la fiabilidad de una empresa que es capaz de trastornar la vida de las personas que transitan diariamente por las calles del Distrito Nacional.

El Congreso Nacional también está en la obligación de revisar minuciosamente el contrato mediante el cual se le concedió a una empresa privada el control de los semáforos, máximo después de lo ocurrido.

Además de los apagones financieros como estrategia de cobro de generadores privados de electricidad, si el Gobierno no actúa con firmeza tendremos que acostumbrarnos a los “apagones de semáforos” como instrumento de cobro.
Un punto menos para los promotores de las privatizaciones o de las concesiones, que para el caso es lo mismo.