La familia de Luis Lara, implicado en el caso de la matanza y operación de narcotráfico conocido como el caso Paya, ha presentado como una “denuncia” que sobre éste pesaba una orden de arresto del día anterior a la madrugada en que fueron asesinados los siete colombianos en esa comunidad banileja. Parece que obvian que desde un principio se ha informado que la Dirección Nacional de Control de Drogas le estaba dando seguimiento al grupo y que tenían informaciones de inteligencia de que un cargamento de drogas llegaría al país esa noche. Esa información, aunque en su momento se hizo pública, no fue muy batida porque también ponía de manifiesto la falta de equipos con que cuenta la agencia antinarcótica dominicana. La operación antidrogas que estaba en marcha   varias semanas de ese 4 de octubre se denominaba “Blanco” y fue la que sirvió para posteriormente atar muchos de los cabos sueltos del caso Paya.
Heroísmo extraño
El Ministerio Público ha llamado  la atención porque organismos represivos del Estado están realizando operaciones antinarcóticas sin la presencia de fiscales. Incluso, el caso del jefe del cartel de Cali arrestado en territorio dominicano (Luis Alberto Santacruz Echeverri) constituye un buen ejemplo de cómo, tras acciones de relumbrones, pueden ocultarse deficiencias o complicidades. Antes de entregar a ese narcotraficante el Ministerio Público debió por lo menos interrogarlo y determinar cuáles contactos le servían para sus operaciones en el país, quién le vendió la villa en la que vivía en Juan Dolio y con quién mantenía relaciones comerciales, ya que éste se tiene como uno de los jefes de lavado de dinero.

“Pedro por su casa”
Lo preocupante es cómo muchos grandes capos han decidido instalarse en territorio dominicano, desde donde continúan haciendo sus actividades delictivas, y viven sin que a nadie le preocupe la fortuna que exhiben.