Pareciera que los políticos que hacen leyes, quienes las promueven y quienes las promulgan, les tienen más temor a las palabras que al genocidio, el terrorismo y a la corrupción.

Su afán por “trancar” a quienes hacen uso inadecuado de la libertad de expresión revela el espíritu autoritario que subyace en ellos.

La ofensa de palabras está penalizada con prisión en más leyes que ningún otro crimen o delito en República Dominicana.

A saber, se consigna prisión en el Código Penal, en la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, en el Código Monetario y Financiero, en la Ley contra Delitos de Alta Tecnología y ahora en la recién aprobada Ley de Partidos Políticos.

Ese andamiaje lo único que refleja es una intolerancia legislativa inaceptable y mucho menos en tiempos en que no solo se habla de democracia, sino en calidad de la democracia.

Esa es una navaja que los legisladores han puesto sobre la población, que es la depositaria del derecho a la libre expresión y la beneficiaria fundamental de la libertad de prensa.