SANTO DOMINGO.-La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó a la República Dominicano por el caso de un grupo de personas que dijeron haber sido repatriados a Haití de manera irregular y agregó en su decisión ordenar a la República Dominicana que modifique la Constitución, leyes o cualquier norma o disposición para permitir que puedan adquirir la nacionalidad dominicana los hijos de extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en este territorio.

De manera expresa, la Corte pide al país «adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria, administrativa, o cualquier práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las niñas y niños nacidos en el territorio de República Dominicana».

La actual Constitución Dominicana, vigente desde 2010, excluye de manera explícita en su artículo 18 de la nacionalidad dominicana por jus solis a “los hijos e hijas de extranjeros que residan ilegalmente en territorio dominicano”.

En ese sentido, la sentencia de la Corte dada a conocer este miércoles ordena a la República Dominicana a “adoptar las medidas legislativas, inclusive, si fuera necesario, constitucionales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular un procedimiento de inscripción de nacimiento que debe ser accesible y sencillo, de modo de asegurar que todas las personas nacidas en su territorio puedan ser inscritas inmediatamente después de su nacimiento independientemente de su ascendencia u origen y de la situación migratoria de sus padres.

La CIDH notificó hoy la sentencia sobre el caso de un grupo de personas que dijo haber sido privado de su libertad y posteriormente expulsados del país de manera sumaria, algunas de las cuales dijo eran dominicanas. Esos casos ocurrieron entre los años 1999 y 2000

“ La Corte concluyó que República Dominicana era responsable internacionalmente por la violación de los derechos que se detallan a continuación. La Corte determinó la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos al  reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad y, por el conjunto de  dichas violaciones, al derecho a la identidad, en consideración de que las expulsiones los demandantes.