Durante el fin de semana se llevó a cabo un interesante taller que reunió a más de una docena de profesionales, entre ellos profesores universitarios, periodistas y abogados, quienes discutieron las leyes vigentes vinculadas a la comunicación social y otras iniciativas direccionadas a la adecuación del marco jurídico sobre la materia en el país.

El abordaje se centró, fundamentalmente, en torno a la necesidad de modificar las leyes 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la 10-91, que creó el Colegio Dominicano de Periodistas. Hubo consenso en el sentido de ambas legislaciones deben ser adecuadas por el Congreso Nacional para que respondan a las necesidades comunicacionales actuales de la sociedad dominicana.

Otra iniciativa en la agenda era una referente al honor, el buen nombre, la imagen y la vida privada, que sería una novedad en la República Dominicana.

La idea es que forme parte de la actual 6132, de manera que se amplíe para denominarse de Expresión, Difusión y Medios de Comunicación.

El taller, celebrado por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en un centro turístico de la región Este, contó con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Los proyectos serán presentados la próxima semana al referido organismo internacional y, posteriormente, a la consideración del Congreso Nacional.

La despenalización de los delitos prensa constituye una de las cuestiones centrales del paquete de reformas, y en el taller generó mayor consenso para ser contempladas en una nueva legislación. También, la denominación clara de quiénes son periodistas, y por lo tanto, los que podrán ejercer esa profesión en el país, sin que ello conlleve restricciones al derecho de expresión y difusión del pensamiento.

En las discusiones quedó establecido que, una vez aprobada la nueva legislación, no contemplaría prisión, pero sí el pago de multas a las empresas de comunicación contratantes de usurpadores de la profesión periodística.

Mientras que en vista de la dispersión de las normas relativas a la comunicación, uno de los consultores propuso en su informe la creación del Código de la Comunicación; y la inclusión de excepciones en el derecho a la intimidad o a la vida privada, cuando se trate de funcionarios públicos en demandas por difamación o injuria.

Los dos días del taller no fueron suficientes para discutir a profundidad esta parte de las propuestas del CDP.
Hoy en día, toda profesión conlleva que quienes se egresen de un centro de estudios superiores lo hagan con un perfil mínimo de dominio de las técnicas, unos adecuados criterios profesionales para su abordaje y de un compromiso ético en el ejercicio.

En el caso del país no resulta así con el periodismo, que es una de las profesiones más usurpadas, ya que el que paga la tarifa de un espacio en un canal de televisión o una estación de radio comienza a autoproclamarse como “periodista”.

En consecuencia, el reto de los periodistas dominicanos, especialmente las nuevas generaciones, consiste en alcanzar la verdadera profesionalización, y para ello hay que involucrar al Congreso Nacional en la reforma de la famélica y otrora coyuntural Ley 10-91 que creó el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).