Caso Odebrecht vuelve a la palestra; Procuraduría investiga 2 periodistas

Caso Odebrecht vuelve a la palestra; Procuraduría investiga 2 periodistas

Caso Odebrecht  vuelve a la palestra; Procuraduría investiga 2 periodistas

Los periodistas y empresarios Dany Alcántara y Julio Martínez Pozo son investigados por la Procuraduría General de la República. A su lado, Adriano de la Cruz, presidente del Colegio de Periodistas, y Euri Cabral.

SANTO DOMINGO.-A un mes de cumplirse la fecha para que el Ministerio Público formalice las acusaciones contra los imputados en el caso Odebrecht, la Procuraduría reveló ayer que investiga vínculos de los periodistas Danny Alcántara y Julio Martínez Pozo con uno de los imputados.

Así lo reveló la directora de prensa y comunicaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), quien confirmó que la investigación a los periodistas fue autorizada por el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega Polanco.

El Ministerio Público investiga si se utilizaron cuentas de los dos periodistas para hacer pagos de sobornos por parte de la empresa brasileña.

“Los resultados de esas investigaciones dirán si existen indicios penales o no, pero están siendo investigadas muchísimas otras personas”, indicó Julieta Tejada.

La Procuraduría no descarta la posibilidad de citar en los próximos días a Martínez Pozo y Alcántara, como parte de la investigación en su contra por los indicios encontrados en el rastreo de las transacciones de sus cuentas bancarias, y de los análisis de miles de documentos obtenidos en las pesquisas.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público debe solicitar documentaciones, efectuar consultas y entrevistas presenciales a los que resulten vinculados en el caso Odebrecht.

Denuncian abuso

Más temprano, Alcántara y Martínez Pozo manifestaron que desde hace varios meses son víctimas de abuso de poder y persecución por parte del procurador Jean Alain Rodríguez, según estos para que desistan de formular comentarios sobre las investigaciones del caso.

Al leer un documento en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), los comunicadores afirmaron que desde hace varios meses “padecen del chantaje” de Rodríguez, de quien dijeron que en un principio les advirtió que “les haría saber quién era él”.

“El señor Jean Alain Rodríguez, olvidando su rol de Procurador General de la República, está actuando como mandante de consorciados de la compañía brasileña Norberto Odebrecht, es decir, de las empresas nacionales que sirvieron de contraparte local para la ejecución de los 17 proyectos, y ha desatado una persecución, amenazas e intimidación en contra de los exponentes”, reza el documento leído por Alcántara.

A pesar de convocar a los medios de comunicación para dar a conocer su denuncia, Julio Martínez Pozo y Danny Alcántara rehusaron responder preguntas.

Los veteranos comunicadores anunciaron que agotarán todos los medios que tienen a su alcance para defenderse de las vinculaciones que, según ellos, busca desviar la atención hacia quienes “exigen justicia en el caso.

—Pago de la multa

El 20 de julio, la empresa Odebrecht deberá pagar US$30 millones como segunda partida de la multa de US$184 millones impuesta mediante acuerdo firmado con las autoridades dominicanas por los daños causados al Estado.

PC critica exclusión de Punta Catalina

Corrupción. Participación Ciudadana presentó el documento titulado “Odebrecht-Punta Catalina: Más Corrupción Impune”, donde resalta que dentro de los proyectos adjudicados a la empresa Odebrecht en nuestro país, la Termoeléctrica Punta Catalina es el de mayor envergadura, tanto por la magnitud de la inversión pública envuelta en el mismo como por el significado político que le ha asignado el presente Gobierno.

El movimiento cívico explica que decidió elaborar el documento con el fin de resumir en forma de preguntas y respuestas sencillas los contenidos fundamentales de las denuncias judiciales y periodísticas relacionados con el caso, la comprensión sobre el sistema de corrupción instalado en el país y los riesgos de que la impunidad prevalezca, si la ciudadanía no continúa su justo reclamo.



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