SANTO DOMINGO. – Decenas de envejecidos haitianos que trabajaron por décadas en los cañaverales de República Dominicana se manifestaron el lunes para pedir la mediación de Naciones Unidas a fin de que el gobierno les pague sus pensiones.

Iricio Jean, de 64 años, insistió en que trabajó prácticamente toda su vida en un ingenio azucarero del Estado y ahora el gobierno mantiene retenida su jubilación.

«Tanta miseria que uno ha pasado», insistió el hombre durante la manifestación afuera de la sede de la ONU, a donde los trabajadores acudieron con tambores y cantos.

El gobierno dominicano se abstuvo de pagar las pensiones a los trabajadores haitianos con el argumento de que ellos carecían de documentos de identidad.

Miles de haitianos migraron en las décadas de los años 50 y 60 para trabajar en los cañaverales dominicanos, donde procrearon a sus familias y han permanecido hasta la actualidad.

Con apoyo de diversas organizaciones internacionales y grupos no gubernamentales, los trabajadores cañeros que llegaron a la nación caribeña comenzaron a tramitar por primera vez sus documentos en 2012 a fin de que el gobierno les pagara sus pensiones y evitar una eventual repatriación.

El poder ejecutivo ha autorizado desde entonces el pago de pensiones a cerca de 3.000 personas, quienes ya cuentan con pasaporte y carné de identidad haitianos y recientemente fueron beneficiados por primera vez con la residencia permanente en República Dominicana.

Jesús Núñez, líder del gremio de trabajadores, aseguró que otros 2.000 cañeros ya concluyeron todos los trámites de su pensión, pero aún requieren que el gobierno les conceda el permiso de residencia para poder cobrarla.

Además recordó que cerca de 40.000 personas, entre trabajadores cañeros activos y sus familias, también necesitan los permisos de residencia para evitar una eventual deportación.

«Queremos que sean ellos (Naciones Unidas) lo que aboguen por los trabajadores cañeros, a nosotros ya nos han relajado, nos han burlado», insistió Núñez, quien entregó un documento de la sede de la ONU. Desde 2011, los trabajadores cañeros han realizado más de 300 marchas a diferentes instituciones en demanda de sus pensiones.

El gobierno les ha prometido que comenzará a pagarlas, pero desde 2012 el número de beneficiados ha permanecido estático.