Como es de todo conocido, uno de los numerosos problemas que afectan a la economía dominicana es el de la generación y distribución de energía eléctrica. La matriz energética en la cual descansa el parque generador de electricidad dominicano depende en un 85% de energía proveniente de combustibles fósiles y un 15% restante proviene de hidroeléctricas. La producción de energía mediante hidroeléctricas son inversiones costosas y los estudios que se han realizados indican que si se lograse aprovechar todos los saltos de aguas en el país, el aporte de las hidroeléctricas para la producción de energía no sobrepasaría el 20% en la matriz energética.
Actualmente hay razones más que justificada por el cual nuestro país debe de agilizar y promover la diversificación del parque energético dominicano. No sólo porque aliviaría el coste de la generación de energía y por consecuencia reduciría el precio al consumidor final, sino también por un problema ambiental y prospectivo, que todavía no hemos cuantificado en el país.
Veamos estos datos: a nivel global el sector energía es el principal responsable de la emisión de gases invernaderos. Un incremento de la temperatura por encima de 2 grados Celsius del nivel prevaleciente en la época preindustrial es el nivel máximo del rango que se ha establecido como objetivo por la comunidad científica para estabilizar la concentración de carbono a un nivel que previene daños al sistema climático prevaleciente. Esto equivale a una meta de concentración de gases invernaderos (en termino de dióxido de carbono equivalentes (CO2e)) de entre 350 y 450 parte por millón (ppm) y a una reducción global de emisión del orden de 50%-80% de la que prevalecía en el año 1990.
Esas metas no pueden ser alcanzadas sin una transformación en los tipos de energía que se producen y consumen en el mundo. El sector energía, ampliamente definido, contabiliza el 60 por ciento de la emisión global, por lo que un clima estable requerirá de una reducción en la tasa de intensidad de energía y un mejoramiento en intensidad del uso de carbono en un factor de entre 2 y 3 por ciento de su nivel histórico.
En la mayoría de los países en desarrollo, el acceso a los servicios de energía está muy por debajo de las necesidades de alcanzar la meta de desarrollo humano. Se estima que alrededor de 1.6 billones de personas están sin acceso a la electricidad, mientras que alrededor de 2.4 billones todavía cocinan con formas tradicionales como la biomasa, estimándose que conectar a esas personas a servicios de energía costaría alrededor de 25.000 millones por año a lo largo de los próximos 20 años.
Por otra parte, uno de los aspectos a resaltar con respecto a la problemática energética es el hecho de que las necesidades energéticas de los países pobres son muy diferentes de las de los países ricos. Estos últimos cuentan con servicios energéticos y de infraestructuras adecuadas; en cambio, la mayoría de los países pobres tienen dificultades para proporcionar servicios energéticos básicos a partir de infraestructuras inadecuadas.
Debido a estas diferencias, países pobres y ricos tendrán que establecer estrategias diferentes para abordar el problema del cambio climático. Mientras en los países ricos, un aumento del precio de los combustibles fósiles, o cambios en el estilo de vida, podrían generar un mayor consumo de energía renovable; en cambio, en los países pobres, mayores costos de los combustibles harían que cualquier servicio de energía moderno estuviese simplemente más allá de las posibilidades de muchas personas.
Pienso que nuestro país tiene una gran oportunidad de cara al futuro. Creemos que todas las fuerzas vivas del país deberán presionar, a través de los mecanismos que nos proporciona la ley, para que los que diseñan y ejecutan políticas públicas promocionen y viabilicen estrategias energéticas que procuren, por lo menos en los próximos 10 años, a una diversificación de la matriz energética, llevando el peso de la energía renovable en no menos de un 35% del total.
Aumentar la producción de energía renovable para satisfacer una mayor demanda es tecnológicamente factible. Obviamente, que esto implicaría ajustes socioeconómicos costosos, sin embargo esta transformación dependerá de la creación de consensos entre el sector público y privado capaz de elevar los niveles de inversión y canalizar recursos hacia una reducción del contenido de carbono de la actividad económica y el fortalecimiento de la capacidad de adaptación frente a cambios en el clima.
*Director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (INISE).
Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
