Los agentes económicos de nuestro país, que ejercen en la política además de operar empresas, no deberían dar por sentado que el apoyo a una candidatura presidencial victoriosa se convierte para ellos en una exoneración del cumplimiento de los deberes formales con la Administración Tributaria.

En los últimos meses, las llamada telefónicas y los whatsaap han llovido en el Palacio Nacional, buscando la sombrilla política protectora, de parte de dueños de negocios que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha tenido que cerrar por incumplir sus obligaciones tributarias.

El director de la agencia recaudadora, Magín Díaz, ha dicho en distintas ocasiones que, tras una intervención, generalmente los negocios no pasan de 24 horas cerrados desde que se regularizan y asumen el cumplimiento de las normas tributarias.

Es decir, a la DGII no le interesa mantener empresas clausuradas por largo tiempo. Su objetivo es recaudar, y si no hay ventas tampoco hay cobro de tributos.

En ese marco, acudir a la Casa de Gobierno a quejarse y a “sacaliñar” el respaldo político que una vez fue ofrecido es algo impúdico y no constituye la opción más prudente para resolver la falta ante el fisco.

Lo aconsejable es buscar la solución en la misma DGII, cumpliendo los deberes formales sin volver a pecar.

Si la DGII sucumbe ante las presiones políticas al más alto nivel de gente que se denomina “pegada” del poder, estaría enviando un funesto mensaje a todos los contribuyentes: bastaría tener un padrino político para gozar de exención impositiva.

Eso sería institucionalmente destructivo y haría inviables el sistema tributario y las finanzas públicas.