El sistema judicial dominicano, judicatura y Ministerio Público, atraviesa por un momento difícil como consecuencia de la implicación de algunos jueces y fiscales en actos de corrupción.

En la actualidad están en la palestra varios jueces, pero en el pasado lo estuvieron fiscales por cometer actos indebidos.

En su momento, la Procuraduría General de la República actuó contra los fiscales sometiéndolos a la justicia penal para que respondieran por los hechos delictivos que se les imputaban.

En esta oportunidad varios jueces están siendo investigados, primero en la instancia disciplinaria, por imputaciones que de tener visos de certeza tienen implicaciones penales.

El Poder Judicial (la judicatura liderada por la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial) puede convertir este mal momento en una oportunidad de impulsar la esperada segunda ola de reforma y producir un adecentamiento de los tribunales.

Actuar con firmeza y eficacia para que paguen conforme establecen las leyes si resultaran ciertas las imputaciones que se formulan contra esos jueces enviaría un claro mensaje a la sociedad y a los demás magistrados.

Reducir el castigo a una simple destitución no mandaría las señales correctas y, por el contrario, acrecentaría la desconfianza en los tribunales.

Los principales responsables del Poder Judicial y del Ministerio Público tienen en sus manos sacar bien librado nuestro sistema judicial.