SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, encabezó la audiencia pública en la que el pleno del tribunal de comicios conoció la posición de cada organización política reconocida frente a las alianzas o pactos electorales depositados ante la JCE dentro de los plazos establecidos por la ley.
El punto de conflicto lo marcó el Partido Revolucionario Independiente (PRI), organización que mantiene una diatriba que se ha estado ventilando en el Tribunal Superior Electoral (TSE), y que esta audiencia sirvió para conocer en primera instancia, y ambas partes del PRI depositaron documentos que avalan sus defensas por ante la secretaría general de la JCE.
La parte que representa a Trajano Santana como presidente del PRI defendió su derecho y legitimidad para realizar alianza con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y su candidato Hipólito Mejía, cuando su delegado político Mirtilio Santana, descalificó a la parte que representa Julio Jiménez Peña, para hacer pacto político en nombre de la referida organización política, lo que fue refutado por el abogado Manuel Galván representante de la facción que encabeza Jiménez Peña.
En un ejercicio democrático el pleno de la JCE escuchó todas las partes y el delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), César Pina Toribio, defendió las alianzas que realiza su partido con otras 13 organizaciones incluyendo a la facción del PRI que representa Julio Jiménez Peña, mientras que lo propio hizo el delegado suplente del PRD, Teófilo Rosario, cuando pidió al pleno de la JCE aprobar como bueno y válido el pacto de ese partido con otras 7 organizaciones políticas acreditadas.
Los Partidos Demócrata Popular (PDP) y Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), presentan igual situación de división y sus representantes defendieron su derecho a pactar con otras fuerzas políticas como lo es el PRD y el bloque Progresista que encabeza el PLD.
La JCE concedió un plazo hasta este viernes a las 4:00 de la tarde para la entrega de conclusiones ampliatorias y nueva documentaciones si así lo entendieran los partidos políticos, para luego ser conocido por el pleno de la JCE en el tiempo previsto por la ley que rige la materia.
