Bloomberg News.-La Argentina ofreció ayer ante la Justicia de Estados Unidos reabrir el canje de deuda de 2010 para poner fin al prolongado litigio que el país mantiene con “fondos buitre” e inversores que poseen títulos argentinos en default.

La oferta está condicionada a que la fórmula de pago sea entendida por los tribunales en los términos del canje de 2010, eso sería consistente con la ley argentina y entonces el Gobierno podría presentar un pedido de nuevo canje al Congreso.

En un escrito presentado anoche a última hora ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, los abogados de la firma Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representan a la Argentina, indicaron que el gobierno de Cristina Kirchner está dispuesto a presentar una propuesta al Congreso para ofrecerle a los demandantes los mismo términos que le ofreció a los inversores en el canje de 2010, que elevó el porcentaje de deuda reestructurada al 92% del pasivo que cayó en cesación de pagos luego de la crisis de 2001.

Con esa propuesta, la Argentina intenta dar una señal a la Justicia de Estados Unidos de su voluntad de pago, además de revertir el argumento utilizado por los tribunales para ordenarle al país a pagar a los demandantes, liderados por NML Capital, la firma del magnate de Wall Street, Paul Singer: que el país violaba la cláusula “pari passu”, incluida en los bonos, que exige el tratamiento igualitario entre inversores.

El juez Thomas Griesa y la Corte de Apelaciones habían interpretado que esa cláusula obligaba a la Argentina a pagarle a los demandantes, una interpretación que el país y el gobierno de Estados Unidos, que ayer presentó un alegato en respaldo al país como “amicus curiae”, rechazaron.  

El gobierno de Estados Unidos brindó ayer su apoyo formal al reclamo de la Argentina, que busca que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revea su caso “en banc”, es decir, luego de ser escuchado por los 13 jueces que componen el tribunal, un asunto que Washington consideró de “excepcional importancia”.

El Departamento de Estado, critica el fallo de octubre dictado por un panel de la Corte, que le ordenó a la Argentina que pagar más de 1,3 mil millones de dólares reclamados por los fondos y los ahorristas.