No hay que esperar los resultados de ningún estudio, encuesta o cuestionario para saber en qué invierten o gastan los trabajadores y empleados dominicanos más del ochenta por ciento de su sueldo.

Hay tres renglones básicos: el pago del alquiler de la vivienda, el transporte y la educación. Son responsabilidades económicas que, ineludiblemente, tienen que ser cubiertas cada mes.

El restante veinte por ciento del sueldo tiene que alcanzar para los demás gastos, incluida la canasta familiar.

De manera que el estudio en el área del transporte, dado a conocer por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) apuntala lo que ya todos sabemos.

La pregunta está en qué harán las autoridades para hacer efectivos los derechos de los usuarios del transporte y que la carga no resulte tan onerosa para los dominicanos.

En el plano de la realidad los gastos insostenibles inciden en la descomposición social y económica dominicana, ya que traza a diario un camino de doble vía.

Por un lado crece la delincuencia, porque no hay un verdadero sistema de justicia salarial; y, por el otro, la credibilidad de los jueces se quiebra cuando a los juzgados llegan casos que involucran a personas dignas de un trato excepcional.

Ni hablar del quebradero de cabeza que sufren los jóvenes que se esperanzan en obtener su primer empleo. Necesitamos avanzar. Apostemos sin reticencia y con decisión al desarrollo del país.