Dilenia tiene 32 años. Salvador, 25. Rita tiene 37. Biensito ya alcanza los 23. Lisné cumplió 12. Altagracia 16 y Marilín 31.

Son niños y jóvenes del sur de República Dominicana, que nacieron en Barahona, Enriquillo, Los Blanco, Paraíso y otros parajes de la región.

Son parte de los cientos de miles de dominicanos que carecen de registro de nacimiento. La Junta Central Electoral afirmó en agosto que, contando solo mayores de edad, hay más de 300 mil compatriotas sin registro natal.

Pero a ninguno de los niños y jóvenes que he mencionado le tocará recibir acta de nacimiento dominicana. ¿Su pecado original? Ser hijos de inmigrantes haitianos. Habiendo nacido en territorio nacional y antes de 2010, son segregados por su origen familiar.

Fruto de la inhumana e inconstitucional Sentencia 168-13, a esos compatriotas se les niega la documentación que les corresponde.

Luego, a raíz de la Ley 169-14, que el Gobierno impulsó para resolver el “drama humano” creado por la sentencia, los han estado inscribiendo en un plan de regularización diseñado para extranjeros.

Se llegó al colmo de que el Estado dominicano se adjudicó la potestad de asignar otra nacionalidad a personas nacidas aquí.

A estos muchachos, cuyo carné de inscritos dice que nacieron en comunidades y barrios dominicanos, se les registra arbitraria e inconstitucionalmente, como “haitianos”.

Hay que decirlo: el drama creado por la Sentencia 168-13, violación franca a los Derechos Humanos y la Constitución, no ha sido resuelto por la Ley 169-14. Más bien se ha agudizado.

La privación de documentos afecta a más de 123 mil dominicanos, aun cuando en 2015 la JCE dijo haber “resuelto el problema” con la famosa lista de 55 mil.

Lo que no se dice es que en realidad apenas se les ha restituido su documentación a 13,495 personas, un 10 % del total de afectados. Gran parte de los casos han sido transcritos a un libro ilegal, donde figuran como naturalizados y no como dominicanos de nacimiento. Muchos son víctimas de persecución para anular sus actas originales.

En el caso de quienes carecían de inscripción de nacimiento, bajo la Ley 169-14 solo lograron ampararse 8,755 afectados, de un universo superior a 50 mil.

Cuando al presidente Danilo Medina se le preguntó en Panamá, en 2015, por los resultados del programa, la respuesta fue sencillamente: “Yo no puedo ir casa por casa” buscando a quienes debían inscribirse.

Hoy resulta que quienes adscribieron al programa, sin reclamar su derecho constitucional y de buena fe, son madrugados por la noticia de que dos años después, en lugar de su nacionalidad dominicana, la Dirección Nacional de Migración les entregará ¡un permiso de residencia en su propia tierra! y a tan solo 5,519 de ellos.

Es decir, la décima parte de los perjudicados.

La Ley 169-14 fracasó, el drama humano aumenta. Son miles los compatriotas cuyas vidas están suspendidas por el único pecado de ser hijos de sus padres.

La restitución plena de sus derechos es la única salida justa.