SANTO DOMINGO. Evangélicos, católicos, bautistas, episcopales, metodistas y pentecostales articulados en la Alianza Cristiana Dominicana se manifestaron hoy frente al Congreso Nacional en demanda de que la Cámara de Diputados rechace el proyecto de Código Penal que le remitió el Senado por no contener las observaciones que le hizo el presidente Danilo Medina para que sí incluya excepciones a la despenalización del aborto cuando la vida de la mujer corre peligro, por violación sexual o incesto o por malformación incompatible con la vida.

La Alianza Cristiana explica que si los diputados mantienen la penalización absoluta de la interrupción del embarazo, como hizo el Senado, nueva vez estarían legislandoen contra de las niñas, adolescentes y las mujeres pobres de República Dominicana, quienes morirían en procesos de abortos ilegales e inseguros y en escenarios de injusticia, inequidad y discriminación.

Además reiteraron que es también unasentencia a los médicos y médicas a romper su propio juramento al no poder realizar determinados procedimientos que pueden salvar la vida de las mujeres, adolescentes y niñas, en caso de correr con un embarazo de riesgo.

Llamado a las altas instancias eclesiales.La Alianza Cristiana Dominicana también hizo un llamado a las altas instancias eclesiales para que cesen las presiones que hacen a la clase política, con el objetivo de mantener posturas de poder dentro del Estado dominicano, porque eso no responde a los valores cristianos que se inculcan en todas las iglesias.

En ese sentido, pidió que respeten la vida de la mujer y su derecho de decisión a partir de los principios del valor de la libertad de conciencia y el libre albedrío

“Las mujeres fueron creadas a imagen de Dios (Gn. 1.26), fueron las que sostuvieron el ministerio de Jesús (Lc. 8.3), fueron las primeras en anunciar la resurrección de Jesús (Jn. 20.17-18) y han sido desde siempre el sostén espiritual, educativo y emocional de las familias”, explicaron.

Por último reiteraron que les preocupa esta recusable acción de negociar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en medio de una crisis de corrupción descubierta, como es el caso de las contrataciones realizadas fraudulentamente con la compañía internacional ODEBRECHT, quien era apoyada desde 2004 a 2014 por una buena parte de los gobiernos dominicanos para esos períodos”.

Aprovecharon también para llamar la atención a Danilo Medina a apoyar políticamente esta lucha por los derechos de las mujeres, y calificaron como inédito en toda la región de Las Américas el haber observado los aspectos vinculados a las tres causales en el marco del proceso de modificación del Código Penal Dominicano.