Sobre la operación del vertedero de Duquesa existen muchos absurdos.

El primero de ellos es que hace unos años se reveló que el Consejo Estatal del Azúcar vendió a particulares los terrenos donde funciona el mismo, que le da servicio a los municipios de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

En su momento las autoridades del CEA no desmintieron las informaciones, por lo que se dio por descontado la veracidad de la transacción.

Luego salió a relucir que el Congreso Nacional no había ratificado la venta de esos terrenos, como manda la Constitución de la República.

La siguiente información fue que la empresa Lajun, operadora del vertedero, sí tenía título de propiedad, pero que el mismo fue emitido con documentos falsos.

A esa lista se agregó que la supuesta sesión en la que según la empresa se ratificó la venta se efectuó en una fecha en la que según los registros del Congreso no hubo sesión en la Cámara de Diputados.

Ahora se añaden las declaraciones del director del Consejo Estatal del Azúcar, de que entre unos treinta documentos con relación a Lajun no encuentra contrato de venta alguno.

Mientras tanto la citada empresa les tiene prohibido depositar los desechos sólidos en el vertedero de Duquesa al menos a tres municipios del denominado Gran Santo Domingo.

¿No son esos suficientes elementos como para que el Ministerio Público se apodere del caso y determine cuál es la realidad de la propiedad de esos terrenos?

Las autoridades tienen la obligación de esclarecer si estamos o no frente a un ilícito.
A simple vista no parece una tarea difícil.