El Ministerio Público actuó con presteza al someter a la Justicia a los miembros de la Dirección Central Antinarcóticos (Dican) de la Policía Nacional imputados por el robo y posterior comercialización de al menos 930 kilos de cocaína.

Las más altas instancias de esa dependencia policial han sido acusadas y en su contra hasta se dictaron medidas de coerción.
Se ha actuado a ese nivel con relativa eficacia.

Ahora falta saltar a los siguientes escalones.

Las mismas autoridades del Ministerio Público han declarado que la droga robada fue vendida en el mercado local, lo que entonces debió generarles entre 300 y 400 millones de pesos.

La pregunta obligada y que amerita una respuesta es: ¿dónde está ese dinero? Es probable que parte de ese dinero fuera “bancarizado” o se “lavara” a través de algún negocio.

En materia de narcotráfico siempre hay que perseguir el dinero.

La otra interrogante obligada es si la red de complicidad se represó en coroneles. Las investigaciones deben dejar muy claro si otros mandos superiores se lucraron o no de las actividades delincuenciales que se les imputa a agentes de la Dican.

Reconforta que el propio Procurador General de la República haya alertado que las investigaciones no han terminado, que llegarán “hasta las últimas consecuencias”. Un caso como el que nos ocupa representa una gran oportunidad para hacer una profunda profilaxis. No la podemos desperdiciar.