Afirma resolución 201 de Industria y Comercio viola derecho de competencia

Afirma resolución 201 de Industria y Comercio viola derecho de competencia

Afirma resolución 201 de Industria y Comercio viola derecho de competencia

Santo Domingo.- El general Rafael Guillermo Guzmán Fermín dijo que con la resolución 201 el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) se descalifica como árbitro del conflicto de intereses entre quienes favorecen y quienes objetan la venta de combustibles líquidos y gaseosos en una misma estación.

En una declaración publica titulada “Resolución ministerial que afianza monopolio privado”, el alto oficial retirado  afirma que el MICM, a pesar de afirmar que  próximamente decidirá sobre el tema en controversia, con su resolución favorece claramente la posición de una de las partes en desacuerdo, “en detrimento de la otra, en flagrante contravención a los más elementales protocolos de las funciones del Estado, de señor juez medidor cuando existen intereses en conflicto”-

«Cabe destacar, que la justicia es la primera virtud de las instituciones políticas del Estado, así como la verdad es la base de la justicia y la guía del derecho. Por consiguiente, todo negocio o contrato por muy ganancioso que sea debe ser rechazado, o cuanto menos revisado, si no es justo o es soportado bajo los pilares fundacionales de una posición dominante», agrega .

“Es por ello, que cualquier ley, decreto, resolución, y hasta las propias instituciones, por más desarrolladas y efectivas que sean, si no están enmarcadas dentro de los parámetros de la justicia, equidad y libertad, deben ser reorganizadas o desmanteladas, ya que, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional de un Estado Social y Democrático de Derecho y los derechos fundamentales supranacionales, cada persona física o jurídica está protegida por una inviolabilidad amparada en la justicia, que garantiza, a su vez, el mismo bienestar social a todos los ciudadanos”.

Guzmán Fermín entiende que toda medida injusta es un atentado a la libertad individual, colectiva o empresarial, que debe de ser obligatoriamente corregida por el Estado.



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