Santo Domingo.-La Procuraduría General de la República está sometida a un riguroso escrutinio por parte de abogados de los imputados en el caso de los admitidos sobornos pagados por Odebrecht.

Los defensores alegan que la solicitud de medida de coerción está plagada de errores, aunque el Ministerio Público manifiesta que los que hasta el momento se han detectado no alteran el curso de la acusación.

Los primeros errores fueron detectados por entes externos al proceso y admitidos por la propia Procuraduría, como son el caso de la inclusión de Rafael Genero Suero Milano entre las personas contra lo que se pidió orden de prisión.
Las autoridades indicaron que la inclusión de su nombre se trató de un error procesal, ya que aunque ha sido investigado no está entre los procesados.

El siguiente fallo correspondió a la disparidad de fechas entre la comunicación en español enviada a la Fiscalía de Brasil y la traducida al portugués. La primera pedía la documentación con relación al caso Odebrecht referente a la República Dominicana entre los años 2001 y 2014, pero la traducida a la lengua oficial de Brasil decía 2001 a 2004.

La Procuraduría explicó que fue un error en la traducción, pero que la documentación remitida efectivamente abarcaba hasta 2014 y que eso quedaba evidenciado en el hecho de que entre los imputados la mayoría estaban vinculados a casos posteriores al 2004.

Roberto Rodríguez

Familiares del exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potable (Inapa), Roberto Rodríguez, han asegurado que la certificación de la Superintendencia de Bancos no hace referencia a los depósitos de 50 millones de pesos en dos días consecutivos (100 millones de pesos en total) como indica la Procuraduría en su solicitud de medida de coerción.

Sin embargo, en este caso el Ministerio Público no ha hecho rectificaciones como hizo en los casos anteriores, por lo que mantiene la imputación tal cual está en el documento inicial.

Andrés Bautista

El abogado defensor de Andrés Bautista, Carlos Salcedo, afirma que ha detectado más de 18 errores en la solicitud de medida de coerción en contra de su defendido.

Entre esos cita: que Andrés Bautista fungía como presidente del Senado el 16 de enero de 2004 cuando se aprobó con la Resolución 8-04 el proyecto de Pinalito, período durante el cual la Cámara Alta era dirigida por su entonces compañero de partido Jesús Vásquez Martínez.

Bautista había dejado de ser presidente en 2003 y retornó a esa posición en agosto de 2004.

La solicitud también dice que Bautista y Alfredo Pacheco eran presidentes del Senado y la Cámara de Diputados (respectivamente) el 10 de mayo de 2013, cuando se aprobó la última adenda al contrato del préstamo para el acueducto de Hermanas Mirabal.

Sin embargo, quienes dirigían ambas cámaras legislativas eran Cristina Lizardo Mezquita y Abel Martinéz, ambos del partido oficialista.

Además, señala incosistencias en las fechas de la aprobación de proyectos y en la cantidad de iniciativas en las que supuestamente influyó el presiente del partido opositor.

Julio César Valentín

Julio César Valentín, senador por la provincia de Santiago, afirma que tiene un patrimonio de RD$20.2 millones y no de RD$49.9 millones como afirma la Procuraduría en la solicitud de medida de coerción.

Su abogado Jorge Luis Polanco sustentó que el Ministerio Público sumó erróneamente al patrimonio del senador RD$29.7 millones de su esposa Rosira Pichardo Raful, por propiedades provenientes de un proceso de partición del divorcio de esta con su anterior esposo.

El legislador y miembro del Comité Político solicitó certificaciones a la Superintendencia de Seguros para demostrar que seis de los siete vehículos que le atribuye el Ministerio Público que no fueron declarados no son de su propiedad. Valentín explicó que si aparecen a su nombre es porque el propietario de las exoneraciones y sus detentadores y propietarios reales aún no los han transferido.

“Estas certificaciones indicarán, afirmó, quiénes son las personas que poseen los seguros de esos vehículos, que son sus verdaderos propietarios”, dijo.

Asimismo, argumentó que no sabía que aparecía como accionista de la empresa Francine Clinic And Beauty, S.R.L, que fue propiedad de Francina Sánchez, con quien le unía un vínculo personal, y que cesó en sus actividades comerciales sin activos en el año 2011.

“Solicitamos a la Cámara de Comercio el acta constitutiva de la clínica cerrada, en la que podrá verificarse si existe”.

Perspectiva de abogados

Garantías económicas, presentación periódica y libertad pura y simple, consideran abogados que podría ser la decisión del juez Francisco Ortega a favor de varios de los imputados en el caso Odebrecht, por la falta de sustento de la solicitud de prisión preventiva.

El jurista Félix Damián Olivares indicó que lo presentado por el Ministerio Público no sustenta la medida solicitada. En tanto, el exfiscal del Distrito Gustavo Adolfo de los Santos Coll dijo que las autoridades deberán demostrar la viabilidad de la coerción, ya que la mayoría de los implicados posee arraigo en el país.