Abogado de una jueza

Abogado de una jueza

Abogado de una jueza

Miguel Febles

Poco ha faltado para que una parte “sensible” de la opinión pública pida que a la jueza Jazmín Valera la lleven ante el tribunal inquisidor del Consejo del Poder Judicial, por haberle dictado 30 días de prisión preventiva a una haitiana acusada de haber robado un picapollo en Hato Mayor.

Este hecho, notable por cierto, ha ocurrido la misma semana en la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha ratificado fianza, impedimento de salida del país y presentación periódica a Díaz Rúa y a Rondón.

Puesto un caso junto al otro, parece un exceso de la magistrada Valera, pero no lo es.

Se trata, sin duda, de un pequeño robo, una cosa casi insignificante, para la satisfacción de una necesidad urgente.

Hurto famélico, así se le denomina, y desde los tiempos de la Roma antigua es aceptado como una excusa para el beneficio del ladronzuelo que roba para comer o para dar de comer a su familia y es llevado ante un juez.

Y dicen algunos que es paradoja encerrar a una haitiana que hurta para comer y, en cambio, dejar en la calle a una pareja encartada por la Procuraduría en una trama de sobornos puestos en práctica por la multinacional Odebrecht por millones de dólares.

Ambos casos deben ser demostrados en juicio público, oral y contradictorio si llegaran a ese punto. Si nunca pasan de la etapa preparatoria, los encartados por la Procuraduría en el expediente Odebrecht habrán sufrido una mella importante en su reputación y ya nadie les quita de encima la condena moral.

A la haitiana, en cambio, la magistrada Valera puede haberle hecho un servicio invaluable y ahora trato de explicarme.

Cuando al propietario de un sembradío, un colmado o un negocio de ventas al pormenor le roban un pan, un plátano o un picapollo, ve en el hecho el ataque de una alimaña contra su patrimonio personal y si acude ante la autoridad en busca de un castigo para que no vuelva a suceder, se siente burlado por la justicia y por el ladronzuelo si sale campante como el caminador aquel.

La próxima vez que a la haitiana —o a quien sea— la cojan en otro hurto famélico la pasará muy mal.

Si se puede tolerar que a un acusado de “corrupción” lo suelten por insuficiencia de pruebas o que a un banquero lo metan preso y le dejen su patrimonio intacto, esto ocurre por solidaridad social o porque la víctima es el patrimonio público, que entre nosotros es de nadie.

Pero el patrimonio personal, así se trate de un mabí, tiene dolientes, siquiera uno, y la comunidad espera que lo haga respetar, por eso lo acompaña a castigar al ladrón cuando se ve en el caso.
Desconozco el razonamiento de la jueza, pero al encerrar a la haitiana puede haberle salvado la vida. Le toca ahora al departamento de trabajo social hacer el suyo.



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