Uno de los aspectos sobresalientes de los gobiernos presididos por Leonel Fernández ha sido su generosidad hacia los grupos privados que han decidido apoderarse del patrimonio nacional. Para quien quiera pruebas ahí están los acuerdos de privatización de las que alguna vez fueron empresas del Estado, como la CDE, Molinos Dominicanos y otras empresas de Corde y los ingenios y la tierra del antiguo Consejo Estatal del Azúcar, entre otros.
Pero si no quiere ir muy lejos aquí les detallamos uno de los más recientes actos de generosidad con los que, a nombre de la inversión privada, han venido realizando un silencioso despojo del patrimonio nacional: el gobierno dominicano ha decidido vender 135 mil metros cuadrados de terreno a 11 dólares el metro, en el malecón de Samaná.
Este negocito se ha acordado con una empresa de nombre Nexus, R.D., integrada por españoles y dominicanos, cuyo representante es un joven y brillante profesional, que ejerce como asesor del gobernador del Banco Central y que, quizás por error al declararlo, es apellido Selman Mejía, lo que da la mala impresión de que es uno de los miembros de una familia muy vinculada al gobierno, puesto que varios de sus integrantes son altos funcionarios del gobierno.
En los aspectos formales parece que las cosas se han hecho bien, pues el contrato, o más bien el regalo, ha sido recientemente avalado por el Congreso, como manda la ley, y en cualquier momento será promulgado por el Poder Ejecutivo.
Pero no vayamos tan rápido. Detengámonos unos minutos a analizar con más seriedad este negocio. El gobierno sometió el Contrato al Congreso de la República en el año 2010; no obstante, el propio gobierno admite que recibió pagos por un monto de 48 millones de pesos, erogados a nombre de la Secretaría de Obras Públicas, en cuatro pagos realizados en el año 2007, como adelanto de una venta que, de acuerdo a la Constitución dominicana (la vigente y la que expiró) sólo puede autorizar el Congreso.
No hay que ser muy ducho en los asuntos concernientes a la legalidad y la institucionalidad de los actos del Estado para comprender que esta venta se realizó al margen de los procedimientos constitucionales, actuando de la misma manera como se actuó en el sonado caso Sund Land, empresa de la que el gobierno recibió dinero sin que el Congreso aprobara previamente un contrato de endeudamiento externo por 130 millones de dólares.
Estamos frente a un nuevo acto de vulneración de la ley sustantiva de la nación que, aunque involucra un monto menor de dinero que lo recibido de manos de Sund Land, retrata de cuerpo entero a un gobierno enredado por una madeja de actos dolosos.
Todavía se hubiesen llenado todas las formas, esta venta de terrenos en Samaná es una estafa al país, pues ya ni a orillas de las cañadas se consigue terreno urbanizado a 11 dólares el metro.
Evidentemente estamos ante un nuevo despojo, que es el único adjetivo que le encaja bien a esta supuesta venta del patrimonio nacional a precio de vaca muerta.
